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| Foto: EFE/Alonso Cupul |
La invalidez total del decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se declaraban todas las obras prioritarias como de seguridad nacional e interés público, fue dictaminada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Durante una sesión pública realizada este lunes, la SCJN declaró inválido el decreto conocido como "decretazo" de López Obrador, con una votación de seis votos en contra y cinco a favor.
Se determinó que la invalidez del decreto tiene efectos generales y no solo afecta a la competencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
Los ministros Norma Piña, Juan Luis Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán votaron a favor de la invalidez total del decreto presidencial, conocido como "decretazo", por lo que ninguna dependencia podrá hacer uso de él.
El pasado 18 de mayo, la SCJN emitió una resolución en la que declaró inconstitucional el decreto del presidente López Obrador, que otorgaba el estatus de "seguridad nacional" a sus obras prioritarias, restringía el acceso a información y limitaba la posibilidad de impugnar legalmente dichas obras.
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La resolución, aprobada por una mayoría de ocho ministros de un total de once, fue resultado de una controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Con esta decisión, se elimina la protección contra amparos y solicitudes de información que el presidente mexicano había establecido en noviembre de 2021 para sus mega proyectos considerados como "prioritarios y estratégicos".
Entre estos proyectos se encuentran los más controvertidos, como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas en el sureste de México, así como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para la capital del país.
El decreto presidencial, firmado por López Obrador, sostenía que su publicación permitía continuar “con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello, lograr el bienestar social”.
El ministro encargado de presentar este proyecto, Juan Luis González, concluyó que el decreto es contrario a la constitución, ya que restringe y limita los derechos de los mexicanos, como el acceso a la información.
Además, señaló que la norma impulsada por el presidente mexicano era amplia y vaga, permitiendo la reserva de información en base a supuestas amenazas a la seguridad nacional, y dejando de lado la supervisión por parte de la ciudadanía sobre el correcto uso de los recursos públicos.