En una entrevista con Infonort Multimedios, Minerva Hernández, candidata a la presidencia municipal, reveló que fue amenazada de muerte por un individuo que se autodenomina "dueño" de un fraccionamiento situado en la frontera entre Rosarito y Tijuana. Según Hernández, el incidente ocurrió cuando Miguel Ángel bloqueó su vehículo para impedirle abandonar la comunidad.
Hernández se había reunido con los residentes de la zona, quienes expresaron su preocupación por la incertidumbre sobre la propiedad del fraccionamiento. Algunos vecinos también denunciaron ser objeto de amenazas y ataques si se atrevían a denunciar a las autoridades.
En su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Baja California, Hernández afirmó que el supuesto dueño del fraccionamiento la intimidó mientras personas armadas con machetes y armas de fuego rondaban el lugar. Cuando no salió del auto, en el que viajaba con su familia y un menor de edad, su agresor se asomó al vehículo y le amenazó con matarla si seguía entrometiéndose en asuntos que no le concernían.
Hernández compartió en sus redes sociales imágenes de su mitin político, donde abordó las denuncias de los residentes del fraccionamiento Ángeles del Pacífico. Antes del inicio de las campañas, los supuestos dueños les habían amenazado con incendiar sus casas.
Debido a las amenazas de muerte, Hernández afirmó estar en contacto con Jaime Bonilla Valdez, líder estatal del PT y candidato a senador. Bonilla confirmó que presentará el caso de Hernández ante la Mesa Estatal de Seguridad, sumándola a los siete aspirantes a cargos públicos que reciben protección de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Óscar Pérez Rico, candidato del PT a diputado local por el distrito 09, también denunció recibir amenazas de muerte. Aseguró que recibe varias llamadas telefónicas semanales advirtiéndole que atentarán contra su vida.
A pesar de que las llamadas provienen de la Ciudad de México y otros estados, decidió ignorarlas, recordando que desde 2020, cuando era secretario de Salud del estado, comenzó a ser víctima de acoso telefónico después de detener la entrega de fentanilo y otros medicamentos a hospitales de Ensenada y San Quintín que no trataban a pacientes que requerían medicamentos especializados.
En relación con la violencia política en Baja California, Tizoc Aguilar Durán, titular de la SSP, confirmó que solo siete candidatos solicitaron y recibieron protección de las autoridades. Sin embargo, evitó mencionar sus nombres, los municipios a los que pertenecen y el partido político por el que fueron postulados. Además, según declaraciones de la Secretaría General de Gobierno, otros tres aspirantes a cargos federales solicitaron protección debido a amenazas en su contra.