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Especial |
Protestas Indígenas en Morelia: Un Grito de Justicia
Indígenas del poblado purépecha de Arantepacua, en Michoacán, protagonizaron una serie de disturbios en Morelia. La protesta fue en respuesta a una fallida intervención policial que en 2017 resultó en el asesinato de cuatro comuneros.
Los purépechas, junto con estudiantes normalistas y docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), iniciaron su jornada de protesta a las afueras de la Casa Michoacán, la residencia oficial del gobierno morenista de Alfredo Ramírez Bedolla.
Los manifestantes realizaron pintas y detonaron cohetes contra el inmueble gubernamental, ubicado en el Periférico Paseo de la Independencia, en el sur de Morelia. Incendiaron una motopatrulla y un camión de la empresa Epura, además de atacar con palos un vehículo particular. El contingente avanzó por el Periférico y tomó la Calzada Juárez, donde prendió fuego a una camioneta de la empresa de paquetería Fedex e irrumpió en las instalaciones del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) del gobierno de Michoacán.
Los indígenas, normalistas y profesores continuaron su marcha hasta la avenida Madero, para concentrarse en el Palacio de Gobierno estatal, en el Centro Histórico de Morelia.
Un contingente de agentes antimotines resguarda con vallas el histórico inmueble gubernamental. El edificio que alberga el Congreso del estado también fue vandalizado. Decenas de comercios y negocios bajaron sus cortinas para evitar ser vandalizados, aunque las fachadas de cantera y cortinas metálicas sufrieron diversas pintas.
El 5 de abril del 2017 se llevó a cabo un operativo en el poblado de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, para recuperar decenas de camiones y autobuses que mantenían retenidos por un conflicto de posesión de tierras. El operativo provocó un enfrentamiento que dejó cuatro indígenas muertos —entre ellos un adolescente— y 29 más heridos; también perdió la vida un policía y otros ocho resultaron heridos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación tras documentar una serie de violaciones a los derechos humanos de los indígenas.
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