En su primer reporte sobre el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador invalida las evidencias de la DEA sobre la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos".
Hace tres años, la DEA proporcionó a México una serie de comunicaciones interceptadas a Guerreros Unidos, grupo criminal involucrado en la desaparición. Estas comunicaciones, obtenidas durante los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, fueron solicitadas por López Obrador a Kamala Harris en mayo de 2021.
Las pruebas proporcionadas son uno de los soportes que utilizó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) para sus informes de 2022 y 2023. La comisión, creada en diciembre de 2018, busca esclarecer la desaparición de los estudiantes y garantizar el derecho a la verdad y la justicia.
El segundo informe de la Covaj confirma el vínculo entre Guerreros Unidos y elementos de las Fuerzas Armadas, señalando específicamente a los Batallones de Infantería 27 y 41. Además, se incluyen declaraciones de testigos que indican que algunos mandos del Ejército estaban en la nómina del grupo criminal y ayudaban en el trasiego de armas y drogas.
Pese a las pruebas, en su "Primer Reporte sobre los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa", López Obrador expresó desconfianza hacia los señalamientos "sin pruebas" al Ejército, sugiriendo que podrían ser parte de una conspiración internacional para debilitar una institución fundamental del Estado mexicano. El Presidente exime a las Fuerzas Armadas de responsabilidad, señalando en cambio a autoridades municipales y estatales, en línea con la "verdad histórica" de la Procuraduría General de la República bajo Jesús Murillo Karam.
La "verdad histórica" sostiene que los estudiantes fueron atacados por la policía municipal vinculada a Guerreros Unidos, incinerados en un basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan. Este relato involucró a altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y autoridades militares.
En respuesta al reporte de López Obrador, madres y padres de los normalistas criticaron la intención de eximir al Ejército y recordaron que las víctimas son los estudiantes desaparecidos.