Las recientes acusaciones de Ismael "El Mayo" Zambada tras su arresto en Estados Unidos han reavivado las sospechas sobre la posible complicidad de funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico, especialmente en Sinaloa, tierra natal del Cártel de Sinaloa.
Tres semanas después de la captura, el gobierno enfrenta nuevas acusaciones de vínculos con el cártel, ya que Zambada, cofundador de la organización, afirmó en una carta que el día de su arresto se reuniría con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien pertenece al partido gobernante Morena.
Zambada también mencionó que un comandante de la Fiscalía General de Sinaloa, José Rosario Heras, lo acompañaba a la reunión, que en realidad fue una trampa organizada por Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", para llevarlo a Estados Unidos, donde ambos fueron detenidos cerca de El Paso, Texas.
Clemente Romero Olmedo, experto en seguridad nacional, señaló que las declaraciones de Zambada, quien había eludido la cárcel durante más de 40 años, son un golpe significativo para el gobierno, ya que parecen confirmar la existencia de lazos entre políticos locales y grupos criminales en la región.
La carta de Zambada también sugiere que la élite política, militar y policial ha respaldado al Cártel de Sinaloa durante mucho tiempo, lo que representa una advertencia a otros actores políticos que han colaborado con él, según David Saucedo, consultor en seguridad pública.
Saucedo añadió que el mensaje de Zambada va dirigido a otros gobernadores, miembros del gabinete y altos mandos policiales que posiblemente han formado parte de los círculos de protección del cártel.
La oposición ha acusado a López Obrador de complicidad con el Cártel de Sinaloa desde que en 2019 ordenó detener un operativo para capturar a Ovidio Guzmán, otro hijo de "El Chapo", y en 2020 saludó de mano a la madre de Guzmán en Sinaloa, donde ha visitado Badiraguato en repetidas ocasiones.
López Obrador sostuvo en una conferencia que el escándalo relacionado con Zambada es parte de una campaña para avivar la narrativa de "narcopresidente", una idea que resurgió antes de las elecciones de junio a partir de informes en medios internacionales sobre investigaciones de la DEA que lo relacionaban con el cártel.
Tanto López Obrador como la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, han defendido al gobernador Rocha Moya, negando cualquier responsabilidad.
A pesar de la falta de confirmación sobre estos vínculos, Romero Olmedo cree que la preocupación actual es mayor que en administraciones anteriores debido a las frecuentes visitas presidenciales a Badiraguato sin la presencia de medios. Por su parte, Saucedo considera que en la primera mitad del gobierno de López Obrador se adoptó una actitud permisiva hacia el Cártel de Sinaloa, mientras se enfocaba en combatir al Cártel Jalisco Nueva Generación.
En el ámbito internacional, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que ningún agente estadounidense operó en territorio mexicano, pero López Obrador ha expresado dudas sobre la transparencia de Washington en relación con el arresto. Romero Olmedo advierte que la situación refleja una falta de claridad sobre la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Saucedo añade que la creciente presión de Estados Unidos, en un año electoral con el tráfico de fentanilo como un tema clave, envía un fuerte mensaje al gobierno de López Obrador.