El presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Economía, presentó hace pocos días ante la Asamblea Legislativa de El Salvador una iniciativa de reforma a la Ley de Emisión de Activos Digitales promulgada el año pasado, que también genera cambios en la aplicación de la Ley Bitcoin.
Se trata de una propuesta que tiene como objetivo «fomentar la participación del sector privado en el mercado de criptomonedas del país» y que adjudica a la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) la responsabilidad de aplicar la Ley Bitcoin aprobada en 2021, así como sus reglamentos e instructivos.
De esta forma, el proyecto establece el registro obligatorio para los proveedores de servicios con bitcoin (exchanges, custodios y procesadores de pagos), los cuales deberán implementar normas de prevención del lavado de dinero, protección de activos de los clientes y medidas de ciberseguridad.
La CNAD, organismo manejado por un Consejo Directivo en el cual participa la presidencia del país y el Ministerio de Economía, se encargaría de administrar ese registro de exchanges, además de autorizar, denegar o cancelar las autorizaciones para operar en el país, y «establecer normas de buena conducta».
Con ello, se busca regular a las empresas relacionadas con el ecosistema de bitcoin, ampliando las facultades de la CNAD, a la cual ahora se la asignan nuevas funciones en materia de cobros, tasas impositivas y control del mercado.
La idea, según plantea el proyecto presentado por la ministra de Economía, María Luisa Hayem, es que a través de la Comisión se exijan nuevas obligaciones a las plataformas que manejan criptomonedas.
Se contempla así la aplicación de una serie de políticas de gestión de riesgos y el cumplimiento de normativas técnicas emitidas por la CNAD. Todo esto, de conformidad con las recomendaciones que hace el Grupo Internacional de Acción Financiera (GAFI), las cuales contemplan la aplicación de la llamada «Regla de Viaje» junto a otras normativas para prevenir delitos con criptomonedas.
Tal como agrega el documento presentado ante la Asamblea, con la reforma se quiere cumplir con la «Ley contra el lavado de dinero y de activos» y actuar de cara al proceso de evaluación de El Salvador por parte del GAFI, cuyo informe se publicará en octubre próximo.
Con este fin, la reforma introduce medidas preventivas para mitigar riesgos en el mercado y sanciones a quienes operen sin autorización. Se contempla también el congelamiento de fondos y el secuestro de bienes, en caso de que se detecten irregularidades.
Particularmente, el artículo 21-B del proyecto propone que los exchanges de bitcoin establezcan límites a las transacciones. Exige además la definición de políticas contra pérdida o robo de activos, mantenimiento de libros y registros de los activos, pasivos y patrimonio de proveedoras de servicios. También se plantea que lleven un control de las cuentas de los clientes con sus datos e información.