Aunque la reforma judicial prohíbe el financiamiento público o privado en campañas para jueces, magistrados y ministros, el Instituto Nacional Electoral (INE) planea permitir que los candidatos cubran ciertos gastos propios, como hospedaje, vuelos y propaganda, para sus campañas.
Esta medida es parte de los lineamientos que el INE está elaborando, a la espera de que el Congreso emita las leyes secundarias de la reforma.
El artículo 96 de la Constitución, modificado por la reforma impulsada por Morena, prohíbe cualquier tipo de financiamiento y la contratación de medios para la promoción de los candidatos a cargos judiciales.
Sin embargo, la Comisión de Fiscalización del INE considera que una prohibición total podría dificultar la realización de campañas, por lo que se permitirán algunos gastos, bajo un tope aún por definir. Los candidatos no podrán recibir donaciones, pero tendrán derecho a los tiempos oficiales en radio y televisión.
El INE también contempla proporcionar protección federal a los candidatos que lo soliciten, en caso de que enfrenten riesgos para su seguridad.
Aunque el proceso electoral de 2025 está en marcha, el órgano electoral aún no cuenta con presupuesto ni con las leyes secundarias necesarias para regular esta inédita elección judicial.
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