Durante un debate en la Cámara de Diputados de México, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), José Manuel Hinojosa Pérez, expresó sus dudas sobre la viabilidad del Tren Maya, cuestionando el costo ambiental y social del proyecto. Hinojosa Pérez preguntó retóricamente cuántos cenotes se habrían visto afectados y si valía la pena sacrificar la vida de animales por un tren que sigue una ruta ya cubierta por autobuses, que incluso podrían ser más eficientes en tiempo de viaje.
El debate surgió en el contexto de una discusión sobre un dictamen que busca priorizar el sector ferroviario para el desarrollo nacional, tanto en el transporte de pasajeros como de carga. En este marco, el diputado de Morena, Francisco Javier Sánchez Cervantes, recordó el crecimiento del ferrocarril en México a costa de la esclavitud entre 1876 y 1910, destacando la importancia histórica del tren en el desarrollo del país.
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Los legisladores de Morena y sus aliados hicieron un énfasis repetido en términos como "desarrollo" y "progreso" al defender la iniciativa del Ejecutivo federal, presentada el 5 de febrero, que reforma el artículo 28 de la Constitución.
Arturo Yañez Cuellar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), subrayó que la inseguridad y la gestión de recursos son retos cruciales para el éxito de los trenes de pasajeros. Advirtió que el crimen organizado podría poner en riesgo tanto a pasajeros como a mercancías, haciendo alusión a los sobrecostos del sexenio anterior. Su compañero de partido, Yerico Abramo Masso, también alertó sobre la carga de deuda que podría acarrear este tipo de proyectos, mencionando que el año se cerrará con una deuda de 1.9 billones de pesos.
Germán Martínez, también del PAN, criticó las afirmaciones sobre la defensa del patrimonio nacional, acusando a la izquierda de ser "falsaria" y de no recuperar concesiones entregadas a magnates de los medios en administraciones anteriores. En respuesta, José Carlos Acosta Ruiz, de Morena, instó a los opositores a presentar iniciativas serias para recuperar las concesiones de empresas como TV Azteca y Telmex, remarcando que hay un consenso en la necesidad de que el Estado recupere su rectoría en estos sectores.
Este intercambio de ideas refleja la tensión entre la búsqueda de desarrollo a través de proyectos ferroviarios y las preocupaciones sobre la transparencia, la seguridad y la gestión de recursos públicos en un contexto político marcado por la polarización.