Con una votación de 85 a favor y 41 en contra, el Senado de la República aprobó la reforma de supremacía constitucional impulsada por Morena y sus aliados del PT y PVEM, que restringe la posibilidad de amparos y controversias constitucionales contra modificaciones a la Constitución. Esta madrugada, la norma fue enviada a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual ratificación, mientras los partidos de oposición expresaron su rechazo, argumentando que la medida obstaculiza el derecho de los ciudadanos a impugnar actos del gobierno.
Durante el debate, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano mostraron su desacuerdo con pancartas y gritos de “¡No a la dictadura!”, denunciando que la reforma podría eliminar los frenos al poder legislativo en detrimento de los derechos ciudadanos. El panista Ricardo Anaya advirtió que, de aprobarse definitivamente, la reforma imposibilitará cualquier recurso judicial para impugnar reformas constitucionales, señalando que no se permitirán amparos, controversias constitucionales ni acciones de inconstitucionalidad.
Morena argumentó que la reforma busca incorporar el contenido del artículo 61 de la Ley de Amparo a la Constitución, consolidando el carácter supremo del poder reformador que emana del pueblo. Enrique Inzunza, senador de Morena, afirmó que se pretende “dejar claro que el poder reformador representa la soberanía nacional y no puede ser limitado por el control jurisdiccional”.
Entre las modificaciones destacan los cambios a los artículos 105 y 107 constitucionales, que establecen que ni los juicios de amparo ni las controversias constitucionales podrán proceder contra reformas a la Carta Magna. La senadora del PAN, Lily Téllez, calificó la medida de “anticonstitucional”, señalando que elimina mecanismos de control frente a una mayoría en el Congreso que, según ella, actúa de forma “despótica e ilegítima”.
Esta reforma ha despertado críticas sobre el posible impacto en el equilibrio de poderes, y la respuesta de la Cámara de Diputados será crucial para determinar el futuro de este controvertido proyecto de ley.